CÁMARA FEDERAL. El abogado correntino Juan Manuel Cubilla Podestá, explicó a Canal 5TV cómo se acató el fallo de la Cámara Federal que condena al Estado a reincorporar beneficiarios de Potenciar Trabajo y compensarlos por daños.
El juez federal de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, suspendió una medida del presidente Javier Milei y le ordenó la inmediata reincorporación de correntinos que fueron dados de bajo en el programa Potenciar Trabajo.
Se trata de una causa judicial iniciada por el abogado Juan Manuel Cubilla Podestá en la que el juez resolvió como medida cautelar: “Ordenar al Estado nacional (ministerio de Capital Humano) para que en el término de 48 horas disponga que los actores (beneficiarios afectados) continúen percibiendo el programa Potenciar Trabajo hasta tanto recaiga sentencia de mérito”.
La Cámara Federal de Apelaciones falló a favor de los beneficiarios de Potenciar Trabajo, quienes fueron excluidos del programa tras ser señalados como presuntos defraudadores por el gobierno nacional. El abogado Juan Manuel Cubilla Podestá, afirmó: “Este fallo es una reivindicación para estas familias, que desde enero fueron injustamente acusadas y expuestas públicamente”.
Cubilla Podestá explicó que la sentencia, redactada por la jueza Mirta Sotelo de Andreu y respaldada por unanimidad en la Cámara, es “obliga al Estado a reponer los pagos adeudados, con intereses, y a cubrir los costos judiciales asumidos por los beneficiarios.
El caso se remonta a enero, cuando el fiscal federal Guillermo Marijuan y el Ministerio de Desarrollo Social anunciaron que más de 18.000 beneficiarios habrían defraudado al Estado. En Corrientes, esta cifra incluyó a 500 personas, quienes fueron excluidas del programa y vieron sus datos personales publicados en medios nacionales. “Es inimaginable el daño que esto causó a estas familias, dejándolas sin ingresos de un día para otro, sin poder pagar el alquiler o comprar alimentos”, relató Cubilla Podestá.Además, el abogado advirtió que esta situación es una muestra de la improvisación de la gestión actual. “El gobierno no sabe gestionar, se necesitan conocimientos y profesionalismo, algo que este gobierno ha demostrado no tener”, subrayó. La sentencia también habilita a los afectados a demandar por daños y perjuicios a los funcionarios nacionales y provinciales involucrados, según explicó el abogado.
